Piden declarar la emergencia industrial en la Provincia ante "una coyuntura compleja que compromete la sostenibilidad" del sector

La Unión Industrial de Tucumán (UIT), representada por su presidente Jorge Rocchia Ferro y su secretario Santiago Bonatti, solicitó formalmente a la Legislatura, la declaración de la emergencia industrial en la provincia ante un escenario de crisis que amenaza la continuidad de las empresas locales. Los directivos argumentan que la medida es indispensable debido a una "coyuntura compleja" caracterizada por el desplome de la actividad y el encarecimiento de los costos operativos, lo que obliga a buscar soluciones legislativas inmediatas para proteger las fuentes laborales. En este marco, la entidad puso a disposición del cuerpo parlamentario propuestas técnicas para redactar una normativa que atienda las urgencias del sector y siente las bases para una futura recuperación económica.

Al fundamentar el pedido ante el presidente del Parlamento local, Miguel Acevedo, Rocchia Ferro y Bonatti explicaron detalladamente las causas del deterioro sectorial. Según advirtieron, la industria tucumana se ve afectada por la “caída de la actividad debido al incremento sostenido de los costos productivos y energéticos, disminución sostenida del consumo, la presión tributaria en los distintos niveles del Estado y las dificultades de acceso al financiamiento”. Esta combinación de factores, de acuerdo a la visión de la UIT, está impactando directamente en la competitividad fabril, lo que “compromete su sostenibilidad, mantenimiento de puestos de trabajo, y las posibilidades de crecimiento e inversión”.

Puntos en discusión

Frente a este diagnóstico, la conducción de la UIT propuso un paquete de medidas financieras y tributarias de aplicación urgente para inyectar liquidez a las firmas. Entre los puntos principales se destaca el pedido de “libre disponibilidad de los saldos a favor de Ingresos Brutos”, con el fin de evitar la inmovilización del capital de trabajo, y la implementación de una “Alícuota 0 en Salud Pública” como una acción directa de alivio fiscal. Asimismo, solicitaron la “suspensión de juicios y medidas cautelares” por parte de los organismos recaudadores provinciales, municipales y comunales para frenar el ahogo administrativo sobre las plantas industriales.

Otro eje central del reclamo es la eliminación de las denominadas “aduanas virtuales provinciales”, un régimen de controles y percepciones que la UIT considera distorsivo para el comercio nacional. Sobre este punto, los industriales señalaron que “estas prácticas incrementan los costos logísticos, afectan la libre circulación de bienes dentro del país y reducen la competitividad de la industria tucumana”, exigiendo que se eliminen también los requisitos de radicación forzosa para operar con sectores estratégicos como la minería. Según la entidad, remover estas trabas es “clave para favorecer un mercado interno más integrado y eficiente”.

Finalmente, solicitaron la creación de una comisión específica para elaborar el proyecto de ley de Emergencia Industrial, reafirmando la predisposición de los empresarios al trabajo conjunto con el Gobierno. “Reafirmamos nuestra voluntad de continuar trabajando de manera conjunta en la construcción de soluciones que impulsen el desarrollo industrial de Tucumán”, concluyeron Rocchia Ferro y Bonatti, no sin antes agradecer la escucha activa y el acompañamiento que la institución percibe por parte de las autoridades provinciales en este difícil contexto.

El proyecto de ley de emergencia industrial, propuesto hasta el 31 de diciembre de 2026, busca mitigar la crisis del sector mediante los siguientes puntos clave:

1. Beneficios fiscales: Se autoriza el uso de los saldos a favor de Ingresos Brutos (IIBB) como fondos de libre disponibilidad para cancelar deudas impositivas. Asimismo, se establece una alícuota cero en el Impuesto a la Salud Pública, condicionada al compromiso de mantener la nómina de empleados.

2. Alivio judicial y financiero: Se dispone la suspensión de juicios de ejecución fiscal y medidas cautelares por un periodo de 365 días. Además, se prevé la creación de un plan permanente de pagos para regularizar deudas con la provincia, municipios y comunas.

3. Reducción de costos operativos: El proyecto contempla la supresión definitiva del cargo Resolución Ersept 645/20 en las facturas de energía eléctrica para las industrias beneficiarias.

4. Protección del mercado local: Se propone implementar un régimen de "Compre Provincial" para que los organismos del Estado prioricen la producción local. Paralelamente, se establece un control estricto de mercancías en los ingresos a la provincia para combatir el mercado ilegal.

5. Equidad sectorial: La iniciativa busca que las industrias que ya operan en Tucumán reciban un trato equivalente a aquellas empresas que se radican recientemente bajo leyes de fomento especiales.

El Ministerio de Economía y Producción será el encargado de reglamentar y aplicar estas medidas.